Así es el panorama actual de la digitalización de la banca y cómo afecta a las personas mayores de 55 años
La digitalización en la banca ha mejorado la situación de muchos sectores de la población, pero también ha generado dificultades de acceso y uso de sus servicios a un segmento considerable de la sociedad, los sénior. Las personas de mayor edad son las que peor parte se han llevado de la revolución digital debido a la complejidad que para ellos significa la incorporación de las nuevas tecnologías a su vida; incluso, existen encuestas en las que han revelado sentirse excluidos de un proceso de transformación que se vio acelerado a partir de 2020 con motivo de la pandemia.
A nivel general, los trámites online no son buenos compañeros de las personas mayores, pero si, además, focalizamos estos al sector financiero el aumento de inseguridad y desamparo crece porque al final, estamos hablando de algo tan importante para la vida de cualquier persona como es su dinero y los ahorros de toda la vida.
Si echamos la vista atrás, según datos del Barómetro de Mayores de la unión democrática de pensionistas (UDP) sobre Banca Digital llevado a cabo en 2019, “la mayoría de las personas mayores en España no son usuarias de banca online (76,9%). Representan un 22,9% quienes sí la usan, en su mayoría para realizar gestiones como consultar la cuenta o hacer transferencias (21,2%) pero también para buscar información sobre productos financieros (6,9%) y en menor medida para contratarlos (2,0%)”. Datos muy parecidos a los del INE en las mismas fechas, “un 22% de las personas que utilizaron Internet en el último año manifestó no realizar operaciones bancarias por esta vía por tener preocupaciones acerca de la seguridad. Y, entre los mayores de 75 años, un 9,1% utilizaron servicios de banca electrónica en los últimos 3 meses”.
Si trasladamos los datos a la actualidad para saber cómo se sienten después de cuatro años y cuáles han sido los avances, cabe destacar este estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), realizado hace tan solo unos meses, en el que se extrae que “el 88,80% del colectivo declara que es instado al uso del cajero, frente a la ventanilla del banco, para realizar sus gestiones pese a que el 35,50% de ellos considera que aún son complicados de usar”.
Además de que este informe también lanza un dato muy revelador y es que “por lo que se refiere a la digitalización financiera, en términos generales, cuatro de cada diez españoles (más del 39%) no cree que herramientas y recursos tecnológicos les estén ayudando en la gestión de sus finanzas, con diferencias entre grupos de edad muy notables, ya que la visión es netamente positiva para los menores de 25 años (96,8% cree que sí les ayuda frente a un 3,2% que no) y la contraria para los mayores de 65 años (32,1% cree que sí le ayuda y un 67,9% que no)”.
Asimismo, según el INE, “al aumentar la edad desciende el uso de Internet, siendo el porcentaje más bajo el que corresponde al grupo de edad de 65 a 74 años (un 79,7% para los hombres y un 80,5% para las mujeres). El valor más alto de la brecha de género en 2023 en España corresponde al grupo de edad de 55 a 64 años, con 2,8 puntos a favor de las mujeres”.
La frustración de los sénior en el terreno digital está todavía muy presente y siguen demandando un trato más cercano y personalizado por parte de las entidades bancarias, algo que, desgraciadamente, parece que todavía está por llegar. Pese a los pequeños pasos que han ido dando los bancos en su adaptación digital y el esfuerzo que han hecho los mayores, todavía hay bastantes lagunas en este servicio.
Muchos usuarios llevan años trasladando sus quejas por las dificultades de acceder al servicio y desde la Organización de Consumidores (OCU) que hace de altavoz de muchas de estas personas, se reclama que los servicios bancarios se consideren como un “servicio universal” que garantice a todos el acceso. Desde la organización en representación de los mayores se pide:
- Ampliar los horarios de atención presencial, en ventanilla o en cajero, que abarque como mínimo de 9h y 14h para servicios de caja.
- Dar un trato preferente a los mayores en las sucursales, con prioridad en casos de alta afluencia de público en oficinas.
- Mayor personal especializado en atender a personas con dificultades o consideradas de exclusión social.
- Compromiso de atención telefónica preferente sin coste adicional o directa, a través de un interlocutor personal, con un horario de atención telefónica mínimo entre las 9h y las 18 h para los clientes a los que se les presten servicios sin oficina.
Por otro lado, según datos del Banco de España, a finales de 2023 había 43.620 de cajeros, lo que supone un 3,68% menos que en el mismo periodo del año anterior. Esta caída libre se produce al mismo tiempo que el efectivo sigue siendo la forma de pago preferida por los mayores, así como para las personas que viven en zonas rurales. La misma fuente, constata que los municipios rurales de menos de 500 habitantes demandan más oficinas bancarias, por lo que “las soluciones de implantar puntos alternativos de acceso a efectivo y servicios bancarios no parecen ser efectivos para atajar la exclusión financiera resultante del cierre de oficinas”, decían desde el independiente. Atendiendo a esta problemática, desde la OCU también se pide:
- Que el Estado considere determinados servicios bancarios como una infraestructura física viable, que incluya al menos servicios bancarios esenciales y que garantice que llega a toda la población (al igual que se hace con las telecomunicaciones o Correos).
- Establecimiento de un radio máximo de distancia entre las poblaciones y las oficinas bancarias más cercanas.
- Dotación de cajeros en las dependencias municipales.
- Establecimiento de una periodicidad mínima para los ofibuses.
Parece que muchas entidades ya lo están implementado, y otras están en proceso, pero la realidad es que todavía hay bastantes limitaciones en muchos sentidos. Por ejemplo, “Abanca, Caja Rural de Navarra, Caja Siete, Cajamar y Liberbank todavía mantenían su restricción en horario de caja hasta las 11:00 o las 12:00 para todo tipo de operaciones”, dicen desde OCU.
Al focalizar la búsqueda y ver qué están haciendo los bancos por llegar a ese segmento de la sociedad, nos damos cuenta que la mayoría de las acciones son digitales. Blogs con información, aplicaciones, descuentos y promociones como bonificaciones por domiciliar la pensión (que ya supone una exigencia), servicio de cita previa que hay que pedir online o por vía telefónica, gestores especializados, algo que consideramos que sí que es práctico… En definitiva, todas las acciones son muy valiosas, sí, pero, en un alto porcentaje se exigen trámites online, por lo que nos preguntamos, si es un servicio pensado para personas mayores y jubilados ¿pueden acceder a todo ello? La respuesta parece que está implícita: la mayoría de ellos no.
La información se pierde por el camino porque en realidad, no llega a su receptor, tal y como estamos viendo, por sus limitaciones con las tecnologías y de nuevo, estos se sienten solos y desamparados. Es la pescadilla que se muerde la cola. “Muchas de las entidades derivan a sus canales online para la realización de algunas operaciones cuando según el INE, solo el 23% de los mayores de 74 años utiliza internet (y en la mayoría de los casos para ver prensa o comunicarse con familiares o amigos). Esto supone que la realización de operaciones bancarias con hasta triple verificación es algo inaccesible para este colectivo”, recoge la OCU en otro de sus artículos.
Otro ejemplo son los trámites para realizar operaciones, los cuáles, según dice la misma organización, siguen con limitaciones y exigencias y pone los siguientes ejemplos:
- El Banco Santander exige retirar como mínimo 600 euros en ventanilla. Si se desean retirar cantidades inferiores hay que hacerlo en el cajero.
- El BBVA cobra 2 euros si se sacan cantidades inferiores a 2000 euros.
- Las comisiones que indican en las tarifas para pago de recibos en efectivo son de 2 euros en el Banco de Sabadell y Caixabak, 3 en BBVA y Cajamar, 4 en Kutxabank, 5 euros en Global Caja y 10 euros en Banco de Santander.
“Para un jubilado con una pensión domiciliada de 900 euros al mes que retira 400 euros en efectivo todos los meses, usa tarjeta de débito y ordena una transferencia mensual de 300 euros en ventanilla, las comisiones del Banco Sabadell, BBVA y Bankinter sumarían 104, 96 y 78 euros al año respectivamente; frente a los 0 euros que pagaría con la Cuenta Día a Día de Caixabank, la más interesante de las analizadas si se tienen más de 65 años”, explican.
Por no hablar de los beneficios millonarios de los grandes bancos, concretamente, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Santander y Unicaja que se sitúan en 19.604 millones de euros en el primer trimestre de 2023 los ingresos que han obtenido del llamado margen de intereses, según publicaba Público y otros medios de comunicación. Y la tendencia continuaba con un nuevo récord en octubre de 2023, parece que, gracias a los tipos de interés, con 19.761 millones, como explica eldiario.es.
¿Qué pasa con las libretas?
Como vemos, la brecha digital no es el único problema al que se enfrentan los mayores, sino que también cabe cuestionarse hasta qué punto los bancos siguen sin adaptar sus servicios “aprovechándose” de la situación, o, simplemente, no aceleran poner remedio cuanto antes a esto. Por ejemplo, y según este artículo de la plataforma de mayores y pensionistas (PMP), habría algunas entidades que habrían estado cobrando comisiones por hacer trámites con la libreta, alcanzando los 10 euros.
Algo tan simple como las libretas de ahorro son un tesoro para los adultos mayores, y el instrumento que saben manejar y les permite tener las cuentas siempre a la vista, de hecho, les transmite seguridad. “La mayoría de entidades consultadas en el informe las mantienen de forma gratuita, salvo en Kutxabank donde tiene un coste de 6 euros al semestre. En 4 de las 18 entidades consultadas no emiten ya libretas”, dicen desde OCU.
Además, aseguran que la comisión bancaria más habitual es aquella que “grava las transferencias realizadas directamente desde la oficina, que puede alcanzar hasta el 0,4% del importe, como sucede con la Cuenta Nómina Va Contigo de BBVA, el Plan Cero de Unicaja, la Cuenta Pensión de Ibercaja, la Cuenta 0,0 de Caja Laboral y la Cuenta Ok Plus de Kutxabank/Cajasur”. Asimismo, son cuatro entidades las que mantienen la comisión anual por la tarjeta de debito “de 30 euros en la Cuenta Pensión de Bankinter, de 28 euros en la Cuenta Pensión de Ibercaja, de 25 euros en el Plan Tú Eliges de Globalcaja y de 18 euros en la Cuenta Pensionistas de Cajamar (salvo que sea socio de la entidad con una aportación de al menos 1.037 euros)”.
También hay que hablar de una “comisión residual” como es la de mantenimiento de la cuenta corriente de “80 euros al año para los clientes de la Cuenta Sabadell si “solo” se tienen domiciliados la pensión y los recibos; y 12 euros quienes contrataron el Plan Tú Eliges de Globalcaja “solo” con la pensión domiciliada y las compras con tarjeta”.
Y, ¿qué pasa con la retirada de dinero en ventanilla?
Pues más de lo mismo. Como se explicaba en el anterior ejemplo, son dos bancos los que cobran una comisión de retirada de efectivo en ventanilla: “BBVA, donde asciende a 2 euros para cantidades inferiores a 2.000 euros y, Caixabank, de 2 euros también, aunque en este caso los mayores de 65 años tienen cinco operaciones gratis al mes en ventanilla, como la retirada en efectivo, pero también en transferencias y pagos de recibos”. Por último, desde la OCU, también hacen referencia a otro hecho y es que algunos bancos “vinculan las cuentas con menores comisiones a la contratación de fondos de inversión. Es lo que sucede con la Cuenta Nivel Premium de Abanca, que exige una inversión de, al menos, 8.000 euros y del Plan Cero de Unicaja, con un mínimo de 6.000 euros”.
Pero lo más sorprendente de todo es que según también datos de la Organización de Consumidores, “la comisión de mantenimiento del banco se ha incluso triplicado en los últimos cinco años”, nos aseguran.
Cierre de oficinas y la reducción de personal
Este sería otro de los grandes problemas de la exclusión financiera que una vez más se centra en personas mayores. Las personas que no tienen acceso a internet o no se manejan para hacer trámites online tienen muchas restricciones a la hora de acceder a distintos servicios bancarios.
¿Qué se ha hecho hasta ahora?
Debido a la dificultad al acceso de las nuevas tecnologías de las personas mayores y la presumible despreocupación del sector bancario por sus usuarios sénior comenzaron a surgir algunas iniciativas para darle altavoz al problema. El caso de Carlos San Juan, con su campaña “Soy mayor, no idiota”, impulsada por Change.org, es uno de los que más repercusión ha tenido a nivel mediático, en la cual expresaba explícitamente su sentimiento de exclusión por los bancos. Con ella logró sumar 350.000 firmas aproximadamente.
A esta proposición se sumaron otras reivindicaciones de asociaciones de consumidores y personas mayores que hicieron acelerar las vías de comunicación, así como de actuación para tomar cartas en el asunto, y que se pusieran medidas reales a este problema que cada vez era más evidente. Como respuesta a ello, el Congreso de los Diputados aprobaba por mayoría absoluta en 2023 la nueva Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, pensado para que “dé una respuesta eficaz a las reclamaciones de usuarios de servicios financieros, centralizando en un único organismo los actuales servicios de reclamaciones de la CNMV, el Banco de España y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, emitiendo resoluciones vinculantes cuando la cantidad reclamada sea inferior a 20.000 euros y extendiendo la protección no solo a los clientes de entidades actualmente supervisadas sino también a los clientes de Fintech y empresas prestadoras de servicios de criptoactivos”.
Asimismo, “se introduce el principio de atención personalizada, es decir, que se tendrá en cuenta la edad, las características de la zona geográfica y el nivel de competencias de los ciudadanos y se garantizarán canales presenciales, telefónicos y telemáticos, adaptados y accesibles para colectivos vulnerables tanto para la presentación de reclamaciones en la ADCF como en la prestación de servicios de las entidades financieras”.
Podríamos decir que, por ley, y hablando en plata, los bancos debían empezar a cuidar más y tener más mano izquierda con sus clientes mayores de 55 años.
En un informe de seguimiento llevado a cabo por este organismo en junio de 2023, se reflejaba que el porcentaje de sucursales bancarias con servicio presencial había ascendido en el 82,2% y que un 94% de los cajeros se habían adaptado a las necesidades de las personas mayores, 277.000 clientes de esta edad habían recibido formación financiera y digital entre enero y junio de 2023, según explica la plataforma de mayores y pensionistas, PMP. Sin embargo, a finales de año, las mismas asociaciones con las que se habían suscrito estos acuerdos seguían muy de cerca los pasos de estos cambios y aseguraban que el 18% de las sucursales bancarias del país todavía no atendían presencialmente por ventanilla o la incompatibilidad de ciertas aplicaciones y tecnologías para las personas mayores que todavía existían.
En una reunión donde participaron las patronales bancarias Asociación Española de la Banca (AEB), Asociación de Cajas de Ahorros y Bancos (CECA) y Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc), ASUFIN, la plataforma de mayores y pensionistas PMP, Carlos San Juan, el Banco de España y representantes del gobierno, se anunciaron medidas que aludían "un cambio legal para prohibir el cobro de comisiones por retirada de efectivo en ventanilla a las personas mayores", según publicaba también la plataforma PMP.
Pero, entonces, ¿por qué no se están cumpliendo realmente los objetivos puestos sobre la mesa? Principalmente, el problema parece residir en dos inconvenientes, denuncia San Juan en esta entrevista; por un lado, porque adherirse a estos protocolos era voluntario para los bancos y, por otro lado, que son las propias entidades las que se evalúan sin que haya un control externo.
La ley SAC, no es perfecta y tiene carencias, pero mejora algo la situación
En enero de 2024, se aprobaba el proyecto de Ley de Servicios de Atención al Cliente, también conocida como Ley SAC, por el Consejo de Ministros, la cual prevé un mayor beneficio para el sector de adultos mayores. Aunque aún tiene que pasar el filtro del Congreso y el Senado para su aprobación definitiva, muchos auguraban cambios positivos para el sector financiero y su inclusión a ciertos segmentos de la población. La OCU considera que, aunque “la regulación tiene carencias, pero espera que mejore la calidad de la prestación de este servicio, tal y como se da en la actualidad”. Desde la misma organización lamentan que no se haya incluido a todos los sectores y que precisamente “se haya dejado fuera a algunos de los que más “abusos” tienen como es el de la banca”. En definitiva, la ley sí mejora la situación actual donde hay una regulación muy escasa en la atención al cliente, lo que ha hecho que este “maltrato” se haya cronificado en muchas empresas. Algunas de las mejoras que propone la ley SAC son:
- La garantía de la atención personalizada
- La posibilidad de gestionar en la misma llamada el trato recibido con una persona con responsabilidad para interponer una reclamación
- Establecer la obligación de atender las llamadas en menos de tres minutos
- Prohibir que se corte la comunicación por parte del prestador de servicio por razón del tiempo de espera, establecer una protección reforzada para los consumidores vulnerables.
- Acortar el plazo de respuesta de las reclamaciones
- Establecer unos niveles de calidad mínimos para las empresas
Fraudes, estafas y abusos económicos, ¿qué se está haciendo al respecto?
Otra de las patas de este banco, nunca mejor dicho, son los fraudes o estafas, y en concreto a las personas mayores que son, una vez más, los consumidores más vulnerables por su falta de agilidad en las gestiones.
Para solucionar esta otra problemática la Fiscalía General del Estado suscribió en 2023 un convenio con las principales patronales bancarias la AEB, CECA y la Unacc, para evitar “abusos económicos, estafas o fraudes” de los que pueden ser víctimas las personas mayores y con discapacidad en situación de vulnerabilidad. ¿Qué ofrece esta ayuda? Un canal directo entre la entidad bancaria y la Fiscalía competente para alertar de operaciones sospechosas en las cuentas de clientes vulnerables y medidas judiciales para proteger su patrimonio. Y es que la rapidez en el desempeño de las denuncias en estos casos es primordial para actuar, acelerar la intervención judicial para los mayores y minimizar el riesgo en las cuentas de los afectados.
La OCU por su parte nos cuenta que “hay mucho movimiento y conciencia social al respecto, pero necesitamos que los poderes públicos actúen de manera ágil y eficaz. Hay alianzas de cooperación a nivel de supervisores y también de entidades privadas (los tres grandes bancos: Santander, BBVA, Caixabank). Nosotros hemos sacado una campaña al respecto, además de participar en la última consulta pública que ha hecho el Ministerio de Transformación Digital para frenar los fraudes telefónicos. Vamos a empujar porque las entidades financieras asuman cualquier pago no consentido”.
La aprobación del Defensor del Cliente Financiero, una gran victoria
Por fin podemos decir que se ha dado un paso más hacia adelante en esta larga carrera de obstáculos. El Consejo de Ministros daba el 'visto bueno' el pasado 19 de marzo al proyecto de ley para crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, paralizado desde en julio por la convocatoria anticipada de elecciones. Con este, el ejecutivo pretende "asegurar la correcta financiación para que el organismo esté dotado de los medios necesarios, así como cumplir con la finalidad de ser disuasorio de las malas prácticas de la banca", tal y como explican en este artículo.
Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas nos explican que "La nueva Autoridad, supondrá una vía extrajudicial de resolución de conflictos, con carácter vinculante a través de un órgano centralizado que nos permitirá como personas usuarias reclamar ante un único organismo y que, esperamos, mediante la nueva tasa que financiará esta Autoridad, constituya un elemento disuasorio de las malas prácticas e incentive al sector a una mayor diligencia en sus servicios de atención a la clientela para evitar tener que satisfacer nuestras necesidades mediante la vía de la reclamación. Tas la aprobación de la norma, avanzaremos sin duda en la inclusión financiera de las personas mayores en este nuevo marco vinculante, producto de muchos meses de trabajo previo basado en los protocolos de nuevas prácticas, que serán elevados a códigos de conducta de manera vinculante y no voluntaria. Sin duda, supondrá un gran avance y una buena noticia para nuestra protección en el ámbito financiero y para el acceso y la recepción de un trato digno y justo".
Y además, piden lo siguiente: "La norma habrá de explicitar medidas esenciales tales como: que todas las oficinas de atención al público cuenten con un gestor del mayor con formación y cualificación específica para ello, que los servicios de atención telefónica personalizada no conlleven costes adicionales y estén operativos en todo el horario comercial o el avance en medidas de accesibilidad en todos los dispositivos de comunicación a la clientela. Desde PMP ya en su día presentamos enmiendas para el avance en materia de accesibilidad, en las garantías del principio de prestación personalizada y en un régimen sancionador que introduzca criterios de reincidencia, así como un principio de proporcionalidad y equilibrio entre entidades financieras y clientes. Aportaciones acogidas en parte favorablemente, bajo el objetivo común de avanzar en la mejora de la norma en materia de protección de derechos y dirigidas especialmente a las personas en situación de mayor riesgo de exclusión financiera, como son las personas mayores y con discapacidad mayores".
Lo que dicen los bancos vs lo que dicen los mayores
Desde la AEB, nos dicen que “los bancos han realizado un esfuerzo notable en el último año para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales y para mejorar la atención a las personas mayores y personas con discapacidad. Se trata de una iniciativa novedosa y pionera en cuanto a la ambición y el dinamismo en su ejecución”.
También aportan sus datos, y dicen que “según se desprende del Informe anual de seguimiento de las medidas dirigidas a mejorar la atención personalizada a mayores o personas con discapacidad, la banca ha formado a más de 70.000 de sus empleados, casi la mitad de la plantilla del sector, para atender de manera especializada y adaptada al colectivo objetivo. Más de 466.000 horas de formación a sus trabajadores, equivalente a que cada empleado ha recibido más de seis horas y media de formación para atender mejor a los mayores”, añaden desde la AEB.
Pero, ¿cómo están viendo estos cambios los usuarios que los sufren en primera persona? Para saber cómo se están adaptando estas medidas entre la población sénior y cual es su experiencia hablamos con Manuel, jubilado de 65 años: "Antes necesitabas sacar dinero en efectivo y bajabas a la sucursal y si tu empleado de siempre estaba ocupado el propio director te lo daba en mano. Luego ese empleado desapareció y tenías que hacer cola en caja. Después lo que desapareció fue la oficina. Así que hubo que buscar la oficina que habían mantenido abierta donde nadie conocía a nadie y si ibas a las 10h de la mañana, la persona que atendía no estaba y una voz desde el fondo te mandaba al cajero pero automático con la libreta. Más tarde, hicieron desaparecer la libreta e instauraron la cita previa para atender mejor. Pero era imposible conseguir cita previa", nos cuenta.
Desde la AEB, por su parte, nos dicen: “Durante el año pasado se habrían duplicado el número de oficinas que operaban con horario de caja ampliado, se han atendido más de 2.4 millones de llamadas de forma preferente de clientes mayores de 65 años, se han adaptado el 91 % de los cajeros y más del 80 % de las entidades también han adaptado sus canales digitales, entre otras medidas”.
¿Están siendo suficientes estas medidas? O, dicho de otra forma, ¿estos cambios están repercutiendo positivamente en sus clientes mayores? "Ahora ya nos manejamos con Bizum. Pero si se atasca, hay que ir a la nueva sucursal y en persona. Yo mismo me desplace a la nueva sucursal porque mi esposa se encontraba indispuesta y el director me dijo que no podía solucionarlo porque no nos conocía. ¿Cómo nos van a conocer si nos mandan al cajero sin mirarnos a la cara y sin retirar su vista del ordenador?", dice Manuel.
Por su parte, Maria Luisa, de 63 años, nos cuenta, "yo me aclaro bien con Bizum y en el cajero pero, en mi banco, si tengo alguna duda y necesito pedir cita presencial, según para qué gestión te mandan llamar a un número que es una máquina. Al final, pierdes toda la mañana y no solucionas nada".
Desde la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), nos dicen: "Si bien apreciamos los progresos en la aplicación hasta el momento del "Protocolo Estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca" y sus ampliaciones durante estos dos años, consideramos que los resultados y avances continúan siendo muy modestos y aún persiste una gran tarea por delante en relación a la mejora de la atención personalizada y el acceso y trato hacia las personas mayores en estos servicios".
Los sénior, un sector cada vez más importante
Lo cierto es que el colectivo sénior es un público que cada vez está tomando más importancia para muchos sectores empresariales, según recoge el Monitor de Empresas de la Economía Sénior, llevado a cabo por Mapfre y Ageingnomics, ya que según sus cifras, cerca de la mitad de las empresas en España (un 46%) cuenta actualmente con una estrategia empresarial y con propuestas para los mayores de 55 años, y lo reconoce como un colectivo clave para el impulso de la actividad económica que representa el 34% de la población, y, que, según los datos, en 20 años alcanzará los casi 21,4 millones de personas en nuestro país.
Puede ser que a partir de este tipo de estudios o de cifras publicadasque aluden al incremento de la esperanza de vida en la población durante los últimos años, influyan de forma directa en seguir cambiando este escenario. Que vivamos más años tiene consecuencias, una de ellas es que haya habido reajustes en los sistemas de pensiones de muchos países con la finalidad de vincularla con una tasa de esperanza de vida mayor.
A su vez, este panorama está precipitando que cambien los intereses y cada vez se hagan más estudios empresariales que se centren en la importancia del sector sénior y, por tanto, comenzar a tomarles más en serio. Desde la AEB, nos dicen que al final el objetivo es que todas partes salgan beneficiadas “incrementando, por un lado, el sentimiento de bienestar a los consumidores mayores, y por otro, favorecer al mismo tiempo el desarrollo económico del país”.
Veremos si a partir de ahora hay un cambio en la conducta del sector financiero y, por fin, somos testigos de un mayor compromiso para lograr acabar con la exclusión de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero que, al mismo tiempo, cada vez está tomando un mayor poder porque, además, todavía les queda mucho por decir y hacer.
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