Tras la muerte de Mame Mbaye, el mantero que murió el jueves en el madrileño barrio de Lavapiés y los disturbios de aquella noche, el partido de Pablo Iglesias quiere impulsar una ley que reconsidere la actual regulación de la venta ambulante y vuelva a las multas administrativas frente a las penas de hasta dos años de cárcel de la actualidad.
Con el lema Sobrevivir no es delito, Podemos quiere que se reconsidere que la actual regulación de la venta ambulante es desproporcionada, ya que conlleva penas de hasta dos años de cárcel frente a las multas administrativas que se ponían hace algunos años.
Como nos explica la abogada Laura Ruiz, “desde la reforma del PP, lo que antes suponía una multa administrativa, que rara vez se pagaba porque los manteros se declaraban insolventes, ahora se convierte en un delito de pena de cárcel. Algo que tampoco se suele cumplir porque con una pena de dos años no entras en la cárcel, pero el problema es que genera antecedentes para los manteros”.
Como nos explica esta abogada, con estos antecedentes muchos de estos manteros tendrán problemas en el futuro para obtener, por ejemplo, la ciudadanía. Y si reinciden, entonces sí que corren el peligro de entrar en la cárcel.
Lo que propone Podemos es que la venta ambulante de productos de valor inferior a 400 euros no se considere delito y reclama que se eliminen los antecedentes penales de los inmigrantes de cara a que puedan obtener la nacionalidad española. Como nos comenta la abogada que hemos consultado “es verdad: te cuesta más penalmente vender un bolso en la calle que dar un puñetazo a alguien”.
El comercio de productos falsificados y pirateados, una lacra a combatir
Pero como también nos explica Laura Ruiz, este cambio se trata de una medida disuasoria: “la mayoría de los vendedores ambulantes se declaran insolventes, así que una multa administrativa tampoco parece un grave peligro al que enfrentarse.”
La venta ambulante no es de por sí un grave problema, pero sí lo es la venta ambulante de productos falsificados.
De hecho, las falsificaciones de ropa y complementos provocan pérdidas de más de 43.000 millones de euros en la Unión Europea y a España le están costando más de 50.000 empleos. Unas cifras que dan vértigo.
Uno de los estudios más completos sobre este asunto, publicado en 2016 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo), aunque referido a 2013, cuantifica que el comercio de mercancías falsificadas representa el 2,5% de todo el comercio mundial, lo que supone 433.000 millones de euros.
Dicho estudio, realizado a escala mundial basado en medio millón de incautaciones practicadas en las aduanas, indica asimismo que las regiones y países más afectados son los desarrollados y, en concreto: la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Suiza. Las importaciones de productos falsificados en la UE representan el 5% del total, lo que da una idea de su magnitud.
Para hablar sobre cómo afectan estas medidas disuasorias (o que las eliminen) a las marcas que sufren los efectos de la falsificación de sus productos o la piratería, hemos hablado con Inmaculada López Visus y José Mariano Cruz García, del despacho de abogados Eversheds Sutherland Nicea, especializados en propiedad industrial e intelectual.
“Lo que está planteando Podemos es volver al sistema antiguo. Ahora mismo la venta ambulante inferior a una cuantía de 400 euros está penada con entre seis meses y dos años de cárcel. Aunque, por esa cuantía en realidad esas penas en la actualidad se quedan casi en faltas y multas”, nos explican.
“Nosotros trabajamos para varias entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y no se persigue a los manteros. Lo que sí se persigue son esas redes de distribución de esas copias ilegales. Aquí es donde entra la policía, que lo que hace realmente con los manteros es tomar nota por incumplir el régimen de venta ambulante y descomisarle la mercancía”, aclara José Mariano Cruz.
Como nos comentan estos dos profesionales, pasar al sistema antiguo, desde su punto de vista, es dar carta blanca a estas redes a vender mercancía falsificada y pirateada con toda la impunidad “porque dada su situación económica no tienen solvencia para pagar la multa. Aunque el delito contra la propiedad industrial e intelectual sí que lleva mucho tiempo en el Código Penal, el sistema actual sí que puede ser un efecto disuasorio como tal y el único remedio que tienen las grandes empresas para combatir contra la falsificación y copias de sus productos.”
Otro dato sobre el que también hacen hincapié Inmaculada López y José Mariano Cruz es que comprar productos falsificados o descargar productos piratas por internet hacen mucho más fácil para el usuario conseguir estos bienes y eso ha hecho que, salvo en sitios localizados muy turísticos, hoy en día no encontremos tantos manteros como hace años. “Los puedes ver en la Puerta del Sol o en un paseo de mar, pero la entrada en el negocio de internet ha influido mucho y en realidad el foco para las autoridades ya no está tanto ahí.”
Los manteros son la punta del iceberg
“Básicamente al mantero como tal no se le está persiguiendo penalmente”, nos explica José Mariano Cruz, “porque esos jueces entienden que son personas que se ven obligadas a realizar ese trabajo. Lo que se persigue es a las redes que hay detrás. Los que producen las falsificaciones en masa. Los contenedores que vienen de China, de Taiwan, etc. y que distribuyen millones de productos falsificados. Ahí es donde va la policía realmente.”
Como también nos aclara este profesional “el objetivo final de las autoridades es hacer grandes redadas para incautar esos productos y poder destruirlos, no capturar a estos manteros para meterlos en la cárcel dos años, porque no se gana nada”.
La conclusión para estos dos profesionales del derecho es que despenalizar la venta ambulante no va a afectar en el día a día de “esas pobres personas que están en la calle pasando frío, pasando calor, bajo la lluvia, del viento. Lo que sí podría hacer es favorecer a las mafias que ganan y blanquean el dinero a través de estas falsificaciones", insiste Inmaculada López. “Sobre todo porque ahora mismo no se están dando muchos juicios contra manteros como tal, si están dentro de una red de distribución sí. Si le pillan en la calle, le pueden requisar la mercancía pero no se le va a perseguir por un delito de propiedad intelectual”.
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