California se acaba de convertir en el primer estado de Estados Unidos en tipificar como violación del código civil lo que se conoce popularmente como stealthing. Un término que en inglés significa "sigilosamente" o "secretamente" y que viene a ponerle nombre a la práctica de quitarse el preservativo sin consentimiento durante una relación sexual. Esto, además del trauma que supone en sí mismo para la víctima, puede exponerlas a embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Es por todo ello que las organizaciones defensoras de los derechos sexuales de las mujeres llevan años luchando para que sea tratado como un comportamiento ilegal.
Un artículo de Alexandra Brodsky, publicado en la revista de la Universidad de Columbia de Género y Derecho (Columbia Journal of Gender and Law), señalaba en 2017 que sus "entrevistas con personas que han experimentado el retiro de preservativo indican que esta práctica no consensual es común entre personas jóvenes y sexualmente activas". La entonces estudiante de doctorado y ahora abogada, señalaba que había foros en Internet en los que que se proporcionaban información para llevar a cabo el stealthing con éxito. Aquel reportaje abrió un debate que hoy se ha materializado en ley en el estado californiano.
El caso de California
California es el estado con más habitado del país norteamericano y, a partir de ahora, sus 36,9 millones de ciudadanos deberán contar con el consentimiento verbal de la otra u otras personas implicadas en una relación sexual para poder quitarse el preservativo sin estar cometiendo un delito civil. Esto permitirá a las victimas demandar a sus agresores por daños y perjuicios.
Según el texto legal aprobado, comete agresión sexual quien "ejecuta el contacto entre un órgano sexual, del que se ha retirado un preservativo, y la parte íntima de otra persona que no ha dado su consentimiento verbal para que se retire el preservativo". La oficina del gobernador publicó en Twitter al respecto que, “al aprobar este proyecto de ley, estamos subrayando la importancia del consentimiento”.
Quitarse el condón sin consentimiento en España
En mayo de 2019, se produjo en España la primera condena por stealthing. El Juzgado de Instrucción 2 de Salamanca condenó a un hombre (que había confirmado los hechos) como responsable de un delito de abuso sexual a la pena de 12 meses de multa a razón de 6 euros de cuota diaria, es decir, 2.160 euros. Además, como responsable civil, tuvo que abonar la cantidad de 900 euros a la mujer como indemnización por todos los daños y perjuicios causados y pagar 101,41 euros a la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León en concepto de indemnización por los gastos sanitarios generados.
Según los hechos probados, el “hombre se encontraba en su domicilio junto a la mujer, y tras acordar ambos mantener relaciones sexuales con empleo en todo caso de preservativo, y en el curso de las mismas, tras hacer uso de un primer preservativo y colocarse otro, él se quitó el segundo sin conocimiento ni acuerdo previo por parte de ella, y continuaron las relaciones sexuales entre ambos con penetración”.
Este mismo año, el pasado 1 de julio, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció otra condena de delitos de abuso sexual y lesiones por lo mismo. Los hecho sucedieron en 2017 cuando otro hombre mantenía relaciones sexuales de forma esporádica con una chica. Sin embargo, el 22 de julio de aquel año, en la parte trasera de un coche, simuló ponerse un condón y mantuvo relaciones sin que la víctima lo supiera.
En este caso, el agresor se enfrentó a una pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima.
Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy en España abuso sexual. No obstante, con la nueva ley del "Solo Sí es Sí", que pone el consentimiento en el centro, este tipo de actos pasarán a ser considerados como agresión sexual. Hasta ahora la clave que diferenciaba el abuso de la agresión era la mediación de violencia o intimidación. Con el nuevo texto legislativo, ambos conceptos se difuminan y, a partir del momento en el que se apruebe dicha ley, solo habrá agresiones sexuales.
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